¿Qué implica la Ley de Garantías Electorales para la contratación pública y por qué es clave contratar antes de su entrada en vigencia?
Cada ciclo electoral trae consigo cambios importantes en la dinámica de la contratación estatal. Uno de los más relevantes es la Ley de Garantías Electorales, una normativa diseñada para evitar que los recursos públicos se utilicen con fines proselitistas. Aunque su propósito es valioso, también genera efectos prácticos para las entidades públicas: limita la suscripción de nuevos contratos y restringe varias actuaciones administrativas durante el periodo preelectoral.
A continuación, se explica de manera clara lo que cambia con esta ley y por qué es tan importante anticipar los procesos contractuales.
¿Qué es la Ley de Garantías?
Es una normativa que entra en vigor meses antes de las elecciones, cuyo objetivo es prevenir que los mandatarios utilicen la contratación pública para influir en el proceso electoral. Durante su vigencia se imponen restricciones a la contratación directa, a la ampliación de plantas temporales y a ciertas interacciones entre entidades y particulares.
¿Qué restricciones genera para las entidades públicas?
- Limitación para celebrar contratos directos (salvo excepciones específicas).
- Ajustes o aplazamientos en cronogramas de contratación ya planeados.
- Mayor rigor en los estudios y justificaciones previas a cualquier proceso.
- Retrasos administrativos debido a los controles adicionales.
- Imposibilidad de iniciar nuevos estudios o consultorías que no hayan sido programadas previamente.
En la práctica, esto implica que si una entidad no contrata antes de la entrada en vigencia de la ley, deberá esperar varios meses para hacerlo.
¿Por qué es importante actuar antes del inicio de la Ley de Garantías?
- Los presupuestos deben ejecutarse dentro de la vigencia fiscal, y si no se contrata a tiempo, se corre el riesgo de no comprometer recursos esenciales.
- Los proyectos que requieren diagnósticos, estudios técnicos, peritajes o análisis especializados pueden quedar detenidos justo cuando más se necesita soporte.
- Muchos procedimientos dependen de cronogramas institucionales que no admiten pausas prolongadas.
- Las necesidades de soporte técnico, pericial o contractual de las entidades no se detienen, pero la ley limita la capacidad operativa para contratar dichos servicios.
¿Qué tipos de servicios conviene contratar antes de que empiecen las restricciones?
- Estudios de diagnóstico y soporte técnico para proyectos de obra.
- Dictámenes periciales técnicos, contables y financieros
- Informes de sobrecostos, productividad, desviaciones o retrasos.
- Contradicciones periciales sobre informes existentes.
- Consultorías técnicas para sustentar decisiones administrativas.
- Evaluaciones financieras o económicas requeridas para proyectos futuros.
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- Formalizar contratos rápidamente antes de la vigencia de la Ley de Garantías.
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- Acompañar a la entidad en la planificación y ejecución de servicios críticos que no pueden esperar varios meses.
- Asegurar entregables con rigor técnico y claridad para la toma de decisiones.
Conclusión
La Ley de Garantías no solo plantea restricciones legales; también genera retos operativos que pueden afectar el avance de proyectos y el uso adecuado de los recursos públicos. Anticiparse es esencial para evitar desfases, retrasos y la imposibilidad temporal de contratar servicios fundamentales.
Para las entidades que requieren soporte técnico, pericial o contractual, este es el momento de iniciar los procesos.
