La Ley de Garantías Electorales en proyectos públicos impone una ventana crítica en la gestión interna: durante varios meses, la capacidad de contratar se ve severamente limitada. Para muchas entidades, el mayor impacto no es normativo, sino técnico y operativo, ya que la falta de planeación previa puede dejar proyectos sin soporte especializado justo cuando más se requiere.
Este artículo aborda la Ley de Garantías desde una perspectiva de planeación contractual y continuidad técnica, clave para evitar interrupciones en proyectos, estudios y procesos estratégicos.
La Ley de Garantías y Planeación Contractual en Proyectos Públicos como variable de riesgo en la planeación institucional
En los cronogramas institucionales, la Ley de Garantías debe considerarse como un hito restrictivo, similar a una limitación presupuestal o técnica. No hacerlo genera riesgos como:
- Interrupción de estudios técnicos en curso
- Falta de soporte especializado para decisiones administrativas
- Pérdida de continuidad entre vigencias
- Reprogramaciones forzadas de proyectos estratégicos
Desde el punto de vista técnico, el mayor riesgo no es “no contratar”, sino no contar con insumos técnicos actualizados durante el periodo de restricción.
Impacto directo en proyectos de infraestructura y gestión pública
Los proyectos públicos —especialmente los de infraestructura, inversión y operación— requieren soporte técnico constante. Cuando la Ley de Garantías entra en vigencia sin contratos previamente formalizados, se generan impactos como:
- Decisiones basadas en información desactualizada
- Retrasos en análisis de sobrecostos, productividad o desviaciones
- Falta de estudios técnicos para sustentar ajustes o redefiniciones de alcance
- Debilitamiento del control técnico y financiero
La gestión pública no se detiene durante el periodo electoral, pero la contratación sí se restringe.
Servicios técnicos que deben anticiparse estratégicamente
Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, resulta estratégico asegurar contratos asociados a:
- Estudios técnicos y diagnósticos de proyectos
- Dictámenes periciales técnicos, contables y financieros
- Análisis de retrasos, rendimientos y desviaciones
- Evaluaciones económicas para planeación futura
- Consultorías técnicas de apoyo a la toma de decisiones
Estos servicios permiten que la entidad mantenga capacidad técnica operativa, incluso cuando no puede contratar nuevos apoyos.
Conclusión
La Ley de Garantías Electorales y planeación en proyectos públicos no debe abordarse únicamente como una restricción legal, sino como un factor crítico de planeación técnica y contractual. Anticipar la contratación de estudios, peritajes y consultorías permite proteger la continuidad de los proyectos y garantizar decisiones técnicas sólidas durante todo el periodo preelectoral.
Planificar antes de la restricción no es una ventaja; es una necesidad para una gestión pública responsable.
