Contratación pública antes de la Ley de Garantías en año electoral desafía los procesos usuales. Aunque su finalidad es proteger la transparencia del proceso democrático, su aplicación genera efectos técnicos colaterales que pueden comprometer la gestión de proyectos y el uso eficiente de los recursos públicos.
Este artículo analiza esos efectos y presenta cómo las entidades pueden mitigar riesgos técnicos mediante una contratación anticipada y estratégica.
¿Por qué la Ley de Garantías afecta la calidad técnica de la gestión pública?
Durante el periodo de restricción, las entidades públicas enfrentan limitaciones para contratar apoyos especializados. Esto impacta directamente en:
- La actualización de diagnósticos técnicos
- La evaluación oportuna de desviaciones en proyectos
- El análisis financiero de decisiones críticas
- La capacidad de respuesta frente a contingencias
En ausencia de soporte técnico externo, muchas decisiones deben tomarse con información incompleta o desactualizada, aumentando el riesgo institucional.
Riesgos técnicos frecuentes durante el periodo de restricción
Desde una perspectiva técnica y financiera, los riesgos más comunes asociados a la Ley de Garantías incluyen:
- Proyectos que avanzan sin acompañamiento especializado
- Falta de análisis independiente sobre costos y rendimientos
- Imposibilidad de realizar contradicciones técnicas a informes existentes
- Recursos presupuestales no comprometidos dentro de la vigencia
Estos riesgos no se originan en la ley en sí, sino en la falta de anticipación.
El rol estratégico de los dictámenes y estudios técnicos previos
Contratar dictámenes periciales, estudios técnicos y evaluaciones financieras antes del inicio de la Ley de Garantías permite a las entidades:
- Contar con insumos técnicos durante todo el periodo electoral
- Sustentar decisiones administrativas con análisis especializados
- Mantener control técnico y financiero sobre proyectos en ejecución
- Evitar parálisis operativa en momentos críticos
Estos estudios se convierten en herramientas de gestión, no solo en productos contractuales.
Conclusión
La contratación pública en año electoral bajo la Ley de Garantías redefine temporalmente el sistema, pero no elimina la necesidad de gestión técnica rigurosa. Las entidades que se anticipan y aseguran soporte técnico previo logran mitigar riesgos, mantener continuidad y proteger la calidad de sus decisiones.
En contextos de restricción, la anticipación técnica es el principal mecanismo de mitigación del riesgo institucional.
